La entidad que preside Ricardo Gil Lavedra expresó su rechazo “a todas las formas de violencia” y llamó a las máximas autoridades a erradicar “este flagelo social” en cuestiones de género
En medio del terremoto que provocó la denuncia de Fabiola Yanez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) publicó este viernes un comunicado donde condenó “los hechos de dominio público” y llamó a las máximas autoridades a redoblar esfuerzos para lograr la “erradicación de este flagelo social”.
El documento salió a la luz luego de que Infobae publicara, anoche, las fotos y chats de la denuncia de la ex primera dama contra el ex primer mandatario. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su ex pareja, actualmente radicada en España, ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia del coronavirus.
En las imágenes, por lo demás, se puede ver a la denunciante con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex jefe de Estado reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.
En ese contexto, la entidad porteña presidida por Ricardo Gil Lavedra escribió: “El Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal manifiesta su enérgico rechazo a todas las formas de violencia de género y reafirma su compromiso en la lucha por la igualdad de derechos y la protección de las víctimas. Como institución dedicada a la promoción y defensa de la justicia, nos unimos a la condena de los hechos que son de dominio público, y hacemos un llamado a las máximas autoridades para que redoblemos esfuerzos en la erradicación de este flagelo social”.
“Desde nuestro rol -agregó el comunicado-, continuamos con el trabajo activo en la formación y capacitación de abogados y abogadas para que puedan brindar una asistencia legal efectiva a las víctimas y colaborar en la implementación de políticas públicas que garanticen una respuesta integral y adecuada”. Luego recordó que la institución y su Comisión de los Derechos de la Mujer señalaron recientemente su “profunda preocupación por la reciente eliminación de áreas y dependencias oficiales encargadas de llevar a cabo políticas y programas de prevención en materia de violencia de género”.
Y, bajo esos términos, el CPACF reiteró el requerimiento al Poder Ejecutivo para que “asegure el estricto cumplimiento de los convenios internacionales y las leyes nacionales para disminuir y erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la menor”.
El texto se enmarca dentro del escándalo que provocaron las imágenes que circularon ayer, precedidas por la materialización de una denuncia penal de Yánez contra su expareja este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien rápidamente imputó al expresidente por el delito de lesiones leves.
Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otro expediente en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia vinculado a los servicios de seguro.
Uno de los próximos pasos en el expediente será la declaración de la denunciante, que si bien aún no tiene fecha, podría darse en breve. Como antesala de ese paso procesal, Yañez mantuvo un encuentro con especialistas de la fiscalía especializada en violencia de género, dónde fue informada de las implicancias que tendrá cada avance del expediente.
La ex pareja de Fernández sigue las instancias judiciales desde Madrid, donde se radicó junto a su hijo, fruto de la relación que mantuvo con el ex presidente. Se trata de la primera vez que un ex primer mandatario de Argentina es investigado por acusaciones de violencia de género que se habrían cometido mientras ejercía la primera magistratura.Infobae
