La propuesta del Gobierno apunta a crear un nuevo régimen penal juvenil que comprenda a adolescentes de entre 13 y 18 que «fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro».
Según prevé el proyecto, las sanciones para los jóvenes abarcan la «amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales».
A su vez, aclara que no estará admitida «la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua». El plazo máximo de las penas privativas de la libertad es de 20 años.
Por otro lado, el texto detalla que «la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social».
Entre las medidas complementarias figuran «el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario».
En los fundamentos se señala que «actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes», lo que «genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general».
Además, el Gobierno señaló ejemplos en otros países de la región: el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13; Brasil y México, a los 12; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
