La Inteligencia Artificial es al siglo XXI lo que la electricidad fue al siglo XX. Su disrupción representa un salto cualitativo para el mundo actual. Qué aspectos tener en cuenta a la hora de hablar de su regulación.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados ha convocado a especialistas en Inteligencia Artificial a opinar sobre el tipo de legislación que se debería sancionar para regular el uso de esa tecnología en la Argentina.
El debate sobre los alcances del fenómeno de la IA es una tendencia global. Desde la filosofía, la economía, el derecho, la geopolítica, la ciencia, la educación y la ética se procura entender cuáles son las consecuencias de su vertiginoso desarrollo, así como valorar los beneficios y los desafíos que su expansión representa para la Humanidad. Es obvio que nuestra calidad de vida está relacionada estrechamente con su evolución e implementación en el futuro próximo.
Existe un consenso generalizado acerca de que la IA es mucho más que una tecnología aislada restringida a producir efectos en la economía. La disrupción que propone representa un salto cualitativo en la capacidad de las personas de conocer e innovar en todos los ámbitos de su experiencia, cuyo resultado agregado es el corrimiento de las fronteras de nuestra civilización hacia un horizonte cercano pleno de oportunidades e incertidumbre en dosis iguales.
La IA es al siglo XXI lo que la electricidad fue al siglo XX. No puede entenderse ningún aspecto de la vida en aquella centuria sin considerar la transformación que el tendido de las redes eléctricas produjo en la sociedad, impulsando innovaciones en la industria, el desarrollo urbano, el consumo, la medicina, el transporte, la cultura, la política y la comunicación. Se trata, en ambos casos, de innovaciones que cambian para siempre la manera en que trabajamos, vivimos y nos conectamos.
Por eso es lógico que los gobiernos observen el desarrollo de la IA con atención. Sin embargo, no es claro hasta dónde y cómo deberían intervenir. Apelando a la analogía con la energía eléctrica, cabe preguntarse: ¿estaba el Congreso argentino en 1890 en condiciones de entender la variedad y profundidad de los efectos que esa naciente tecnología iba a producir en el siglo XX? Y más importante: ¿con qué lógica habría podido anticipar leyes que regularan la catarata de consecuencias que la electricidad produjo en las décadas siguientes?
Para abordar un tema tan complejo conviene puntualizar las principales características de la tecnología que hoy nos desafía. En primer lugar, debe entenderse que la IA es un fenómeno global, imposible de ser acotado al espacio nacional. Argentina no tiene una entidad suficiente para imponer una norma propia al mundo, por el contrario, si produjéramos especificaciones propias ajenas al desarrollo global retrasaríamos nuestra evolución. Por eso, lo más prudente es apalancarse en las recomendaciones que elaboran organismos de colaboración internacional con los que nuestro país tiene compromisos asumidos, como el denominado “Proceso de IA de Hiroshima”, elaborado por el G7.
Otra característica saliente de la IA es su dinámica vertiginosa. La irrupción de la IA Generativa tiene menos de dos años y ya se conocen los primeros usos de la IA cuántica, que se hará masiva en el corto plazo. Este continuo aluvión de novedades hace desaconsejable establecer normas que se volverían rápidamente anacrónicas y que podrían implicar el riesgo de entorpecer la normal evolución del desarrollo tecnológico.
Debe entenderse que la IA es un proceso complejo, muy capilar, ampliamente diverso en usos y aplicaciones, además de operado por una cadena de valor de cientos de empresas nacionales de todo tipo y tamaño. Es decir: no existe una IA en abstracto, sino que opera conectada a otras tecnologías de amplia difusión como la Big Data, la realidad virtual, el almacenamiento en la nube, la Internet de las Cosas, el Machine Learning, entre muchas otras. Actualmente, toda la informática está embebida de IA, su alcance es prácticamente inabarcable. Pretender regular una actividad tan vasta, compleja y evolutiva con normas generales sería tan ilógico como sancionar leyes sobre la neurociencia o la ingeniería.
Además, debe entenderse que la IA no es un sujeto de derecho: quien toma las decisiones es, siempre, una persona física o jurídica, responsable de su uso y sus consecuencias. La IA no reemplaza a la inteligencia humana, por el contrario, su valor es auxiliar a la toma de decisiones con mejores herramientas de cálculo, de memoria y de detección de patrones de comportamiento.
Por lo tanto, la tecnología no debe ser el objeto de la regulación, sino los eventuales usos nocivos o delictivos que pudieran hacerse con ella. En efecto, la misma tecnología de interpretación de imágenes, que potencia el diagnóstico de radiografías y ecografías digitales en el ejercicio de la medicina, es empleada para generar imágenes que se reproducen como fake news en medios digitales. Lo problemático no es la tecnología, sino su mal uso.
Esta distinción es fundamental para comprender el ámbito que debe ocupar una legislación virtuosa y no obstructiva. El plexo legal argentino es rico en el cuidado de los derechos de los ciudadanos. Ya hay leyes que regulan la protección de datos personales, la libre competencia, los procesos electorales y la libertad de opinión, por caso. Son esas leyes, o mejoras sobre estas leyes, las que deben ser foco de atención del Congreso para mitigar y/o penalizar eventuales usos nocivos de cualquier tecnología, incluyendo la IA.
Por todo ello, es aconsejable que la legislación argentina no se anticipe a la evolución de las normas globales respecto de la producción y desarrollo tecnológico de la IA y, en cambio, fortalezca las normas que cuidan de eventuales usos perjudiciales a través de leyes específicas, muchas de ellas ya existentes, que tipifiquen los casos concretos en que los derechos de los ciudadanos pueden ser vulnerados.
Mantener un ambiente de libertad creativa permitirá que importantes flujos de inversiones se radiquen en nuestro país, posicionando a Argentina como un país innovador, productor y exportador de su propia IA, en lugar de importador. Esta definición es clave para el futuro de nuestro desarrollo nacional, ya que la IA marcará el pulso de la evolución del siglo XXI./Ámbito
