Los cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos fueron uno de los puntos aprobados en la Ley Bases, y abre la puerta para grandes negocios inmobiliarios con bienes del Estado.
El Gobierno Nacional de Javier Milei reglamentó este lunes a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial los plazos que tendrá la implementación del “silencio positivo”, que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 que data de 1972.
La norma establece que ante la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento administrativo éste será tomado por aprobado, cuando antes era considerada negativa: por eso se refiere a la misma como «silencio positivo».
La medida regirá a partir del 1º de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados y un mes después, desde el 1° de diciembre, en los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Infobae recordó que el oficialismo había expuesto en el debate en el Senado que con esta reforma en la Ley “pretendía incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado, ante los cuestionamientos por parte de la oposición que sostenía que iba a transformarse en un beneficio para las empresas que litigaran contra el Estado”.
La Jefatura de Gabinete determinará en un plazo de 15 días a cuáles trámites se les podrá aplicar el silencio con sentido positivo, que se deberán modificar a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD).
La Ley Bases modificó el inciso b del artículo 10 al determinar que el silencio tendrá sentido positivo “cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto” y se venza el plazo previsto “para resolver sin haberse dictado resolución expresa”.
Durante el debate en el Senado, la senadora Juliana Di Tullio (UxP) denunció que esta modificación estaba destinada a habilitar “negocios inmobiliarios” de privados con bienes del Estado. Carlos Nielsen Enemark, el abogado que envió el gobierno nacional para responder cuestiones al respecto, así lo ratificó.
«Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?», preguntó la senadora.
Nielsen Enemark le respondió que estaba en lo cierto y no solo eso, sino que también aclaró que esa iniciativa «tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.
