Diez de noviembre de 2018. Sebastián, Malcom, Ezequiel, Franco y Luciano viajan desde Chubut hacia la Ciudad de Buenos Aires para presenciar una esperada final Boca – River en La Bombonera. Son las 8:40 de la mañana y planean llegar cerca del mediodía al barrio de La Boca.
Hacia el kilómetro 108 de la Ruta Nacional 205, a la altura de Lobos, Francisco Lucesole (ebrio, con 1,8 de alcohol en sangre) se cruza de carril con su camioneta Toyota Hilux e impacta de frente al Peugeot Partner en donde viajan los amigos.
Malcom Vittón (33), Sebastián Berra (31), César Ezequiel Jones (31) y Franco Silvestri (26) mueren en el accidente, mientras que Luciano Virgili se convierte en el único sobreviviente.
Al borde de la muerte, permanece 10 días inconsciente en el Hospital de Lobos y luego es trasladado al Hospital Italiano.
Pasaron cinco años de la Tragedia de Lobos y, de acuerdo con las familias de las víctimas, el conductor alcoholizado todavía no se ha comunicado con ellos. Hoy se encuentra acusado de cuádruple homicidio culposo agravado y lesiones gravísimas agravadas.
El sábado pasado llegó una noticia muy esperada para los familiares de las víctimas: finalmente la causa quedó radicada para el juicio oral ante el Juzgado Correccional N°1 de La Plata y se encuentra a cargo del juez Patricio Marcelo Gandulfo. Las familias aguardan aún la fecha de inicio del debate oral.
“El asesino va a intentar por todos los medios dilatar la llegada al juicio oral”, asegura Luciano Virgili, en diálogo con Infobae. Además de haber perdido a cuatro seres queridos, tras el accidente tuvo que aprender a caminar de nuevo y a lidiar con los “procesos inescrupulosos” -en sus palabras- de la justicia.
“Desde el momento uno estuvimos peleando para que las personas encargadas de impartir justicia tuvieran una migaja de empatía. A los chicos los funcionarios públicos actuantes al momento de la tragedia les sustrajeron dinero de sus pertenencias, a mí me hurtaron una cámara de fotos GoPro. La causa casi fue cajoneada, no tuvimos un fiscal encargado de buscar pruebas, no tuvimos pericia accidentológica; teniendo que pagar un perito que se encargue de ello. Lidiamos con una fiscal que quería aceptar un pedido de probation”, denuncia.
El 29 de diciembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el rechazo al pedido de probation de la defensa del imputado. Lucesole había propuesto $5.000.000 y 400 horas de servicios comunitarios como resarcimiento, en un intento de evitar el juicio oral, pero ninguna de las familias busca ni resarcimiento económico ni juicio abreviado.
“Lo que le puedan dar es poco, porque lo máximo que le corresponde por código penal a este tipo de delitos son seis años, que tampoco se los van a dar porque no reúne todos los agravantes. En definitiva mató a cuatro jóvenes con toda una vida por delante, y en tres años y medio está en la calle”, se lamenta Carlos Silvestri, padre de Franco Guido Silvestri.
Y añade: “Es una condena que tenemos los familiares, condenados eternamente al dolor porque este tipo en tres años va a estar haciendo vida normal, como la está haciendo hoy en día. Hoy en día ni siquiera le retiraron la licencia. No estuvo un día detenido”. Franco era el único hijo de Carlos y estaba a una materia de recibirse de abogado. Este 25 de marzo cumpliría 32 años.
Por su parte, Sebastián Berra, trabajaba en la Secretaría de Cultura de su provincia y tenía tres hijos de 2, 9 y 13 años. Era hincha de Boca, psicólogo social y se encontraba en el cuarto año de Abogacía.
“Con Seba compartimos la mitad de nuestra vida, desde la secundaria estamos juntos. Mi hijo más chiquito hoy tiene 8 y te va haciendo preguntas. Es injusto que el asesino todavía tenga la licencia de conducir, haciendo su vida como si nada, y uno teniendo que explicarle a sus hijos por qué no tienen a su papá”, reclama Carla D’Agostino, viuda de Berra.
Cuenta que, minutos antes del accidente, había tenido una charla con su esposo; por lo que no creyó la noticia del accidente al verla en Facebook: “Su velorio fue muy masivo, porque fue de todos juntos. Mucha gente venía y me agradecía porque él les había dado un trabajo, hasta me llegó una carta de una comunidad mapuche agradeciéndome a mí. Tenía amigos por todos lados”.
César Ezequiel Jones era el dueño de la cantina Mustafá, frente al puerto de Rawson. Era muy familiero y su padre era su gran compañero.
“Una de las últimas veces que salimos a andar en bicicleta me dijo que conmigo no necesitaba un psicólogo, porque le hacían muy bien nuestras charlas. Eso me quedó grabado para siempre y a veces es como si lo escuchara hablar conmigo”, recuerda “Beto” Jones, su padre.
Y denuncia: “La Justicia fue muy lenta. En su momento, si no agarraba Natalio -Nicodemo, abogado de las familias- la causa se archivaba. No iba a llegar a ningún destino porque la fiscal había encajonado todo y nadie movía un papel. Nosotros estábamos con mucho dolor y no sabíamos por donde agarrar, absolutamente nadie nos dio una mano. Fue una tomada de pelo. Ellos son los principales culpables de que haya tardado tanto”.
El mayor del grupo, Malcom Vittón, dedicaba su vida a la militancia política y era director de Asociaciones Vecinales del municipio. Tenía una niña de cinco años y es recordado por haber trabajado para ayudar a los más pequeños de la localidad.
“Si llovía, a cualquier hora del día y la noche se iba a ayudar a la gente a poner nylon en la casa; cortaba leña para repartirle a la gente, cocinaba para repartir comida en su camionetita. Para Navidad y Reyes, se disfrazaba y repartía golosinas con los chicos; les llevaba agua cuando no se podía potabilizar. Me gustaría que se sepa quién era él. Era un joven que tenía ganas de hacer de todo por la sociedad”, recuerda la madre, Victoria Paredes.
Las familias tienen la esperanza de que la fecha del debate sea durante este 2024. Pero hasta el momento no hay ninguna certeza.
