El 1 de marzo aumentan un 20% estos servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno. No habrá en esta etapa una segmentación para bajar los subsidios. El FMI mira con disgusto.
El Gobierno instrumentó este fin de semana el aumento de 22% promedio en las tarifas eléctricas para la Ciudad y el Gran Buenos Aires, que puede ser mayor en el Interior del país, sujeto a la decisión de cada gobernador.
En el gas, se trata de un incremento de 20% para hogares y 15% para las pymes, sin baja de los subsidios, por lo que habrá una mejora de ingresos para las empresas reguladas del sector.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) autorizó una actualización de 60% para los ingresos de las transportistas TGN y TGS y un 36% para el margen de las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea. En cambio, la mayor parte del aumento de la energía eléctrica será para reducir la porción que aporta el Estado nacional.
Según datos oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el Tesoro cubrió con subsidios el 47% del costo total del sistema eléctrico, porcentaje que se eleva a 75% en el caso de los hogares.
Electricidad
A su turno, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso un ajuste de 41% promedio para las empresas transportistas de energía y de 8% para las distribuidoras Edenor y Edesur.
Las cifras de aumentos de la luz y el gas quedarán sustancialmente por debajo de la evolución de los salarios, que este año treparán entre 40% y 45%.
En el Gobierno entienden que esto apalanca la recuperación del consumo y el crecimiento de la economía, como durante el primer y el segundo gobierno kirchnerista (2003-2011).
Negociación por el acuerdo con el FMI
Por la inflación prevista para 2022, estos porcentajes no alcanzan para cumplir con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que van en el camino inverso.
Los subsidios pasarían del equivalente en pesos a 11.000 millones de dólares el año pasado a u$s 14.000 millones durante el corriente, coinciden distintas consultoras como PxQ, Economía & Energía y el think tank radical IAE Mosconi.
Los entes reguladores, a cargo de Federico Basualdo (a través de María Soledad Manín) y Federico Bernal, funcionarios cercanos a Cristina y Máximo Kirchner, habían enviado en diciembre al Ministerio de Economía un trabajo para reducir los subsidios en los barrios de mayor poder adquisitivo en la Capital Federal y el conurbano. Eso implicaría una baja equivalente al 0,08% del PIB (casi 400 millones de dólares).
Pero Martín Guzmán y el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, elaboran un plan alternativo para ampliar el universo de usuarios alcanzados, que tendrían tarifa plena; no solamente sería en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también en Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, entre otros centros urbanos.
El ministro de Economía habló varias veces en contra de este esquema «pro-ricos», por el que la ayuda estatal termina favoreciendo en mayor medida a los segmentos de mayor poder adquisitivo.
El sábado, a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se publicaron en el Boletín Oficial los aumentos de luz para la categoría residencial.
Las transportistas de energía tendrán un aumento de 41% promedio en sus ingresos (25% en el caso de Transener, que opera en todo el país). Este segmento tenía su margen congelado desde febrero de 2019.
En tanto, el Gobierno mejoró en un 8% el Costo Propio de la Distribución (CPD) de Edenor y Edesur. En 2021, el incremento había sido de 21%.
Las empresas que operan en el AMBA habían elevado pedidos de ingresos por $ 100.000 millones en conjunto para cubrir su déficit operativo, poder pagar salarios, mantenimientos, inversiones, impuestos y las compras de energía.
El Gobierno impugnó los requerimientos de las distribuidoras y les reconoció solamente $ 77.000 millones./cronista.com
