La primera sesión tendrá lugar este martes. Más de dos mil obras en todo el país corren riesgo de quedar paralizadas.
En el reciente plenario de comisiones de Diputados, el dictamen de mayoría logrado por La Libertad Avanza en la madrugada del miércoles ha traído consigo debates intensos, especialmente en lo referente al artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus. Este artículo, que ahora ostenta el número 28 en el dictamen final con el respaldo de 55 firmas del oficialismo y aliados, mantiene la capacidad del Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, abarcando obras públicas, bienes y servicios, concesiones y construcción.
La alarma inicial entre los gobernadores se encendió debido a la posibilidad de paralización de obras financiadas por la Nación en sus respectivas provincias. La inquietud de los mandatarios se unió a las objeciones de la oposición dialoguista, que expresó preocupaciones sobre la amplitud de las facultades otorgadas al Presidente, señalando el riesgo de «inseguridad jurídica» y la posible litigiosidad derivada de la «responsabilidad contractual».
El artículo en cuestión, referido a los Contratos Vigentes, experimentó tres modificaciones a pedido de la oposición acuerdista. En primer lugar, limitó la revisión o rescisión de contratos a aquellos que «generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional», sin especificar el monto considerado «significativo». Además, se añadió la necesidad de dictámenes previos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de cualquier rescisión o renegociación, excluyendo aquellos con financiamiento internacional.
La incertidumbre sobre la aprobación de la Ley Ómnibus ha suscitado preocupación específica en Tucumán, donde diversas obras públicas podrían quedar en un limbo si la legislación es finalmente sancionada. Según datos oficiales, durante la gestión anterior, se llevaron a cabo un total de 7.276 obras públicas en todo el país, financiadas por el Gobierno nacional.
De esta cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al concluir la gestión anterior, según informes de la cartera de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión proyectada de $309.899 millones. De estas, 435 no tenían avance físico al 6 de diciembre pasado, lo que indica que las obras no habían comenzado, aunque ya habían sido licitadas.
Esas 435 obras, según La Libertad Avanza, podrían no ser llevadas a cabo por falta de recursos, a pesar de haber pasado por el proceso de licitación. Es importante destacar que se exceptúan de esta situación las 10 obras en ejecución que cuentan con financiamiento externo.
Impacto en Tucumán
En Tucumán en total son 17 las obras públicas amenazadas por la ley impulsada desde el Poder Ejecutivo nacional: cuatro en Leales, tres en Tafí Viejo, dos en San Miguel de Tucumán, Cruz Alta, La Cocha y Chicligasta, y una en Simoca y Río Chico.
De las mencionadas, seis cuentan con financiamiento internacional y se encuentran –en su mayoría- avanzadas en más de la mitad:
1) Revalorización y ampliación de la res de cloacas y planta de tratamiento de efluentes cloacales de Famaillá (32,50%)
2) Planta depuradora de San Andrés (35,90%)
3) Red cloacal en Alderetes y Banda del Río Salí (43%)
4) Planta depuradora de Concepción (75,10%)
5) Canal pluvial, pavimentación e iluminación en Leales (80,10%)
6) Mejoramiento urbano en Famaillá (90,70%)
Fuente: El Tucumano
