El represor condenado por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera hizo una gran fiesta para celebrar sus bodas de oro y contó con la participación del cantante tucumano. Investigan la celebración.
El cantante tucumano Ramón Palito Ortega se vio involucrado en un escándalo luego de que se conoció su participación en la gran fiesta con la que Jorge Antonio Olivera, represor condenado con tres cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad, conmemoró los 50 años de su matrimonio con su esposa, Marta Ravasi. Olivera cuenta con prisión domiciliaria a pesar de haber estado prófugo durante casi cuatro años. Piden investigar la concurrida celebración del genocida condenado.
Según reveló la periodista Luciana Bertoia en una nota publicada por Página 12 este martes, la fiesta tuvo lugar en la casa de Olivera en Vicente López y contó con 60 invitados, entre los que estuvieron Cecilia Pando y a su marido Pedro Mercado. Pando y Ravasi suelen firmar juntas solicitadas por la libertad de los genocidas. El broche de oro del festejo fue el show del cantante y ex gobernador tucumano.
“Hermoso momento compartido con un grande. Sus canciones marcaron una etapa muy linda de mi vida a pesar de mi corta edad. Escucharlo cantar nuevamente me hizo acordar a aquellas tardes que nos juntábamos con mi mamá, abuela y hermanas a ver sus películas y escuchar sus canciones. Canciones alegres que hablaban de Dios, de la madre, de la felicidad, del amor, letras sanas que tanto cuestan encontrar hoy en día”, publicó Pando en sus redes sociales junto a una foto con el cantautor popular.
Después de que se conociera, a través de las redes sociales, que el evento se había realizado–y que no habría sido informado a los jueces–, el fiscal general Dante Vega –titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Mendoza—y el fiscal general de San Juan Francisco Maldonado pidieron al Tribunal Oral Federal de esa provincia que investigue las circunstancias de la fiesta.
En esa línea, los fiscales solicitaron se le imponga a futuro a Olivera la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales “que supongan la concurrencia de un número considerable personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering, o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.
Los fiscales remarcaron que se trata de “una persona que en dos oportunidades evadió el sistema de administración de justicia, mostrando un desprecio manifiesto por la debida sujeción al proceso”. El 25 de julio de 2013, Olivera, ya condenado en San Juan por delitos de lesa humanidad, se fugó del Hospital Militar porteño junto a Gustavo Ramón De Marchi, cuando ambos militares estaban a disposición del Juzgado Federal Nº2 y del Tribunal Oral Federal de San Juan porque estaban siendo investigados en causas judiciales que tramitaban en la primera instancia, al mismo tiempo que eran juzgados por otros hechos en un debate oral y público, por el que luego fueron condenados. En enero de 2017 lograron dar con el paradero de Olivera, quien se hallaba en la ciudad de San Isidro
Ante la fiesta difundida en redes sociales, Vega y Maldonado solicitaron que se requiera a la autoridad administrativa que informe si el sistema de monitoreo y geolocalización detectó alguna irregularidad durante el fin semana último, y que se cite con urgencia a la persona responsable de la detención domiciliaria, a fin de que informe en qué condiciones y circunstancias de tiempo y lugar se llevó a cabo la celebración. De igual manera, requirieron que se instruya a la Gendarmería Nacional para realizar una encuesta ambiental dirigida a constatar si efectivamente el domicilio donde Olivera cumple su detención se corresponde con el de las fotografías acompañadas del evento. En caso de que se verificase que la celebración se llevó a cabo en un lugar diferente, ambos fiscales requirieron que se disponga la inmediata revocación de la prisión domiciliaria.
En 2000, a Olivera lo habían detenido en Italia por el secuestro y la tortura de la modelo francesa Marie Anne Erize. Logró escabullirse presentando un certificado de defunción falso de su víctima. En 2007, después de la reapertura de los procesos en la Argentina, la Justicia Federal de San Juan ordenó su captura. Tardaron más de un año en encontrarlo, pero la Policía Federal lo halló caminando por Vicente López. Fue condenado a prisión perpetua.
Pese a tener esos antecedentes, Olivera consiguió que le dieran la prisión domiciliaria. La concesión se produjo en 2021 en la Cámara de Casación. La decisión la adoptaron Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. Se la otorgaron porque tenía más de 70 años y por “cuestiones humanitarias”.
En diciembre del año pasado, mientras estaba en domiciliaria, Olivera urdió otra maniobra para salir de su casa. Presentó un certificado médico sin fecha que había firmado Mario Caponetto. La fiscalía y el tribunal de San Juan advirtieron que era un nuevo acto de mala fe procesal y los jueces, por mayoría, decidieron revocarle la domiciliaria. Pero Casación optó por mantenérsela.
